Hace unos días conocimos el resultado de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) que pública INEGI para 2014. Los resultados que nos arroja son terribles: en promedio, los ingresos corrientes en México han caído; todos los deciles del III al IX experimentan una caída en el ingreso promedio, es decir, más de 70 millones de mexicanos ganan menos hoy que hace 2 años.

De hecho, tendríamos que remontarnos hasta 1992 para encontrar un ingreso tan bajo en términos reales. El resultado es catastrófico: los últimos 23 años nada se ha logrado para elevar el ingreso.

Pero el tema de los bajos ingresos de los hogares en México está vinculado directamente con un par de temas relevantes: la creciente desigualdad y la pobreza. Estos resultados son particularmente notorios con el nuevo reporte de la medición de pobreza realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que nos ha dado a conocer que la pobreza en México ha aumentado en 2 millones de personas desde 2012 y aumentó casi 1% en la población vulnerable por ingresos. Una buena parte de este aumento es explicable por el efecto de la caída de los ingresos en los últimos 2 años.

La OCDE se ha sumado a esta preocupante denuncia, diciendo que durante los últimos 30 años México es el único país de América Latina que no ha logrado disminuir la pobreza. Si bien esta aseveración puede cuestionarse usando las mismas mediciones de Coneval (la pobreza extrema ha disminuido si bien la pobreza sí ha aumentado), sigue siendo un fuerte llamado de atención. Una creciente población en pobreza es una sociedad en que la igualdad de oportunidades es inexistente.

Pero más allá de tratar de explicar formas en las que se podría buscar combatir la pobreza y la desigualdad, me gustaría abordar una discusión preliminar, pero que resulta vital para poder cambiar el actual modelo de crecimiento: este debate es el de igualdad vs. eficiencia. Después de todo, según el mismo reporte de Coneval, en algunas dimensiones nos encontramos igual que en 1992: 23 años bajo el mismo modelo de crecimiento, sin resultados.

Algunas de las voces que se oponen al reparto más equitativo del ingreso y la riqueza, así como a la labor del Estado en estos fines, señalan que la intervención pública es una fuente de ineficiencias, que el mercado por sí mismo encontrará el óptimo y que intervenir es asumir costos superiores a los beneficios. Esta idea, si bien puede ser cierta bajo algunos casos de política pública, obvia un enorme espacio donde la igualdad y la eficiencia van de la mano.

Por ejemplo, en la educación y en la salud, políticas públicas que abonen a una mayor igualdad permiten a la sociedad aprovechar de manera eficiente el capital humano; una distribución inequitativa favorece a grupos de la sociedad que no necesariamente aprovechan de la mejor forma sus oportunidades. Para ponerlo en términos del Nobel de Economía de 2000 James Heckman, inversiones en educación y salud tienen mayores rendimientos a lo largo de la vida.

Pero no sólo es en estas áreas. El acceso a crédito, por ejemplo, es sumamente dependiente de ciertos niveles de ingreso y patrimonio. Una mejor distribución de éstos haría que más personas tuvieran acceso al crédito, haciendo un uso más eficiente del mismo para toda la sociedad. Una de las razones por las que la economía mexicana ha tenido un crecimiento potencial tan bajo las últimas décadas es justamente el poco acceso al crédito y su uso productivo.

Como estos ejemplos existen muchos otros en que políticas públicas que apunten hacia la igualdad también pueden generar incrementos en la eficiencia para toda la economía. Anthony B. Atkinson, uno de los mayores expertos en desigualdad y pobreza en el mundo, en su libro Inequality: What can be done? desarrolla este mismo argumento: vivimos en un mundo de subóptimos; es trabajo de la política pública hacer que éstos produzcan la mayor eficiencia posible.

Mismo argumento desarrolla el economista francés Francois Bourguignon: la igualdad y la eficiencia no están necesariamente en conflicto; al contrario, muchas veces van de la mano.

Quizás el argumento más fuerte en un país como México es el de la relación entre pobreza, desigualdad y violencia. La violencia que puede generar la exclusión social tiene efectos económicos negativos. Una creciente población con carencias sociales como las que tenemos, tiene poca cohesión social y puede profundizar los terribles ciclos de violencia en los que ya nos encontramos.

Incluso en la OCDE o el FMI, investigadores como Cigano u Ostry, poco a poco han comenzado a demostrar que la desigualdad tiene costos para el crecimiento económico. Todas estas razones deberían ser suficientes para convencernos de que debemos actuar de forma más decidida en contra de la pobreza y la desigualdad en el país; cambiar el rumbo de la política económica, que sólo ha producido incrementos constantes en pobreza.

Una serie de políticas públicas para atacar rápidamente el problema y que incrementen la eficiencia en la economía y el crecimiento deberían incluir un incremento gradual y constante en el salario mínimo (salarios de eficiencia); una política fiscal redistributiva con impuestos directos progresivos y menos impuestos indirectos (al consumo), y el planteamiento serio de un esquema de seguridad social comprensivo para toda la población.

Si no cambiamos el rumbo, no debería extrañarnos que en años próximos sigamos viendo un país cada vez con más pobreza y con mayores desigualdades.

TAGS > crecimiento, ENIGH, Ingreso