Reforma fiscal
Fuente: El Norte
Salvador Kalifa
5 Sep. 13
El Presidente Enrique Peña Nieto (EPN) está a punto de enviar al Congreso otra reforma fiscal, más ambiciosa que las propuestas por sus antecesores, porque ahora eleva la carga sobre los contribuyentes y contempla un cambio al régimen fiscal de PEMEX, que la deje con autonomía presupuestal.
El gobierno, sin embargo, parte de una premisa falsa. Nos quiere hacer creer que la economía se desempeña mejor entre más gasta el sector público, sin importar que muchas veces ese gasto se desperdicia o, en su caso, pueden hacerlo mejor los particulares.
Si un gasto público creciente fuera la fórmula del éxito económico, entonces las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón habrían propiciado el crecimiento económico más dinámico en los últimos 30 años.
Los datos son elocuentes en este respecto. El gasto público como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 18.53 por ciento en 1994, al término de la administración de Carlos Salinas de Gortari. En el gobierno de Ernesto Zedillo esa cifra se elevó al 19.31 por ciento, un alza de menos de un punto porcentual.
Las administraciones panistas, sin embargo, tuvieron la fortuna de coincidir con un alza espectacular del precio internacional del petróleo, lo que les permitió elevar considerablemente el gasto público, sin que se reflejara en una mejoría sensible en la actividad económica doméstica.
Durante el gobierno de Fox, el gasto público como proporción del PIB se elevó al 21.8 por ciento, pero el alza más pronunciada ocurrió durante la administración de Calderón, que lo incrementó al 25.6 por ciento.
Esto representó un alza de más de 6 puntos porcentuales del nivel registrado en el año 2000, por lo que la nueva administración bien pudiera revertirlo, total o parcialmente, para evitar un incremento oneroso de la carga tributaria sobre los contribuyentes, que llegaría en momentos de debilidad económica nacional.
El problema es que ese desorden de gasto dejó un legado de deuda pública superior al que existía al término del gobierno de Fox. Aquí, de nuevo, los datos son muy elocuentes.
La deuda pública neta fue el 20.7 por ciento del PIB al cierre de 2000 y de 19.2 por ciento al fin de 2006 pero alcanzó el 35.0 por ciento al fin del año pasado, si bien alrededor de 6 puntos porcentuales de esa alza se debieron al reconocimiento como deuda pública, a partir de 2009, de los denominados Pidiregas.
El gobierno de Calderón no sólo se gastó todos los ingresos extraordinarios del petróleo, sino que incurrió en un déficit público creciente que tuvo la suerte de financiar con recursos del exterior y a tasas de interés históricamente bajas, de manera que la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros pasó del 2 al 34 por ciento del total entre 2000 y 2012.
Eso crea una gran vulnerabilidad para nuestra economía, en particular cuando se eleven las tasas de interés y se acelere el regreso de los capitales a las naciones desarrolladas.
Por ejemplo, a partir de las declaraciones de Bernanke en mayo respecto al retiro de los estímulos monetarios, en estos meses hemos tenido una probadita de lo que puede pasar con el peso y los gastos financieros del gobierno, cuando desaparezcan los estímulos y se eleven las tasas.
En ese contexto no es sensato esperar que la reforma fiscal, concentrada en aumentar la recaudación, pero no en reducir el gasto púbico, será suficiente para sortear con éxito el temporal que se avecina.
Esto no quiere decir que no se necesita una reforma, sino que también debe contemplar una reducción del gasto público corriente y redistribuirlo hacia la infraestructura, abandonado además áreas donde la inversión privada es más eficiente y productiva.
El sistema tributario, por su parte, debe buscar la eficiencia y equidad. Lo primero haciendo que los impuestos desestimulen lo menos posible la actividad productiva de los particulares, eliminando distorsiones, exenciones y tratos preferentes, pero sin que necesariamente se traduzca en un alza de los impuestos para los que ya pagan.
Lo segundo implica que cada quién pague impuestos en función de su capacidad contributiva. Como normalmente sucede, es más fácil determinar la eficiencia económica de un sistema tributario, que su equidad o justicia, porque estos son términos subjetivos, donde cada persona puede diferir en lo que considera justo o equitativo.
La discusión de una reforma fiscal a partir del mes de septiembre tiene, por tanto, una doble relevancia, porque determinará no sólo la evolución de la economía a partir de 2014, sino también la forma en que la administración de EPN enfrentará los vientos en contra que se presentarán cuando la Fed retire los estímulos monetarios y se acelere el alza de las tasas de interés.
