Privilegios fiscales cuestan 2.9% del PIB.

Funte: El Universal.

Por: Mario Alberto Verdusco.

La Secretaría de Hacienda dejará de recaudar este año 495 mil 781 millones de pesos, equivalente a 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), por los diversos beneficios fiscales que otorga a distintos sectores económicos.

 

Los recursos para el desarrollo.

El débil crecimiento económico de la economía mexicana en el primer trimestre del año está más relacionado con el menor dinamismo de Estados Unidos que con un efecto negativo provocado por la reforma fiscal que se aprobó para 2014, afirma Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Otro factor que pesó en los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) es la caída de la producción petrolera, aunque reconoce que algunos impuestos afectaron al consumo. «Desde hace años ya no se produce el (volumen de) petróleo de antes, lo que también hace imperativo que la recaudación tributaria se fortalezca para depender menos del crudo», señala.

Y es que, de acuerdo con el funcionario, incrementar los ingresos públicos del Estado mexicano es un imperativo por las demandas sociales que existen. Frente a esta realidad, es indispensable contar con un marco fiscal que transmita estabilidad a los contribuyentes.

«El Acuerdo de Certidumbre Tributaria (firmado el 27 de febrero pasado) lo que busca es que los actores económicos encuentren reglas claras y estables y que sepan que las reglas fiscales no se modificarán en lo que resta de la administración», dice. Al ofrecer que de aquí a 2018 no habrá cambios en las disposiciones, se permite a empresarios planear sus decisiones de inversión y no estar sujeto a cambios en las reglas del juego, añade. Respecto a las quejas del sector privado por los retrasos en las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), explica que la situación no es generalizada.

Renovación continua para crecer más.

Mantener en vigencia las disposiciones de la reforma fiscal sólo para garantizar estabilidad no debe de ser el argumento de la autoridad si no hay evidencias claras de su efectividad, dice la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal Ladrón de Guevara. El reto de la reforma fiscal es que no se vuelva un constrictor de la economía, porque el sector empresarial lo ha expresado: sigue preocupado de que pueda funcionar, ya que hasta ahora no ha habido crecimiento económico, destaca. «Las leyes fiscales son anuales, hay que ver este año cómo funciona y después con todo respeto no te puedes casar con algo que no funciona», señala la ombudsman fiscal.

A raíz de la entrada en vigor de los nuevos impuestos y reglas fiscales ha crecido el número de quejas y asistencias, explica. Sin embargo, la labor de la Prodecon arroja saldo positivo, ya que hay solución favorable a los contribuyentes en 87% de los casos. «Hay muchos casos sencillos y obvios de violación de derechos e incluso hay otros muy complejos, pero hemos intervenido y el SAT u otras instituciones han tenido que responder», dice.

En la actual administración, Bernal Ladrón de Guevara observa a autoridades hacendarias más perceptivas sobre la problemática de los contribuyentes. «Ha habido una apertura a las actividades del ómbudsman, pero no significa que no se nieguen en casos, como en el de la devolución del IVA, en el que seguimos muy entrampados», comenta. «Pero tengo la ventaja de mandarle un mensaje de whatsapp a Aristóteles para expresarle cualquier cosa».

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