(CNNMéxico) — La diferencia entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de sus antecesores no podría ser más evidente: en solo un año, México se deshizo del estigma de ser un país donde las reformas políticas no avanzaban.

El presidente, a través del apoyo de su partido, de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso, y de casi todos los gobernadores, recuperó el poder que la presidencia había perdido. Por si esto fuera poco, una oposición débil permitió que la agenda del PRI, con algunas concesiones, fuera la agenda del Pacto por México. Pacto que, pese a múltiples amenazas de romperse, sigue vigente.

En términos de imagen, el gobierno ha tenido también logros importantes. Quitaron el tema de la seguridad del reflector. La primera dama y la familia presidencial no han sido motivo de escándalos recientes, lo cual es más de lo que otros presidentes en el mundo pueden decir. Y episodios que pudieron haber escalado, como la explosión de Pemex o el manejo de los recursos públicos con fines electorales —como lo denunciado en Veracruz—, hoy se perciben lejanos, casi insignificantes.

Pero Peña Nieto no va bien en las encuestas de popularidad, algo que tal vez tenga que ver con que las reformas no han cambiado en nada la forma de vida de la gran mayoría de los mexicanos, con que el problema de seguridad esté lejos de ser resuelto, o con el bajo crecimiento de la economía. Pero, me parece que para el presidente y su partido, esto es irrelevante si, al final del día, se fortalecen las estructuras necesarias para movilizar votantes y ganar elecciones.

Lo interesante y lo peligroso de todo esto es que las habilidades que se requieren para vender expectativas a futuro, ganar una elección, comenzar reformas o pactar con otros partidos son muy diferentes a las habilidades que se requieren para ofrecer resultados verdaderamente buenos: atraer inversión, reducir la desigualdad, aumentar la productividad, fortalecer el estado de derecho o reducir la inseguridad, en pocas palabras, transformar a México.

Para lograr todo lo anterior, son necesarias facultades que el actual gobierno no ha demostrado poseer aún.

La reforma educativa acabó siendo bastante insignificante para lo que el país requiere en esa materia; la reforma en materia de telecomunicaciones no se ha traducido aún en beneficios para los consumidores; la reforma fiscal dista de ser una reforma y se dejó ir una oportunidad para implementar un cambio real que incentivara la inversión, aumentara la productividad y aumentara la base gravable. Y la reforma energética tendrá que venir acompañada de muchos cambios, además del constitucional, para que se traduzca en inversión y empleos.

El gobierno de Peña Nieto puede estar siendo tentado a quedarse en la iniciación de reformas, sin que éstas lleguen a buen puerto. Sin embargo, aquí es importante traer a la luz que es mejor una idea regular bien implementada que una buena idea que nunca se concreta.

Y para que las reformas tengan una buena implementación, se requerirán todos los recursos del gobierno federal operando en la misma dirección. De modo que los verdaderos cambios solo vendrán cuando el gobierno empiece a hacer un trabajo menos glamoroso pero necesario, que es administrar y aterrizar por completo lo que hasta ahora han sido cambios a medias.

Por Verónica Baz.
Lunes, 25 de noviembre de 2013 a las 09:57.

Nota del editor: Verónica Baz es Directora General del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC: @CIDAC). Síguela en su cuenta de Twitter: @VeronicaBaz

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Verónica Baz.