Nueva legislación en materia energética debe fortalecer a Pemex: especialista
Fuente: La Jornada.
Por Israel Rodríguez
06 feb 2014 17:35
México, DF. En la víspera de la discusión de las leyes secundarias en materia energética, Carlos Huerta especialista en temas económicos y energéticos asegura que los plazos y las pausas que permitan fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), consolidar la nueva arquitectura institucional, asegurar la conducción central del Estado sobre la política energética y determinar las áreas, ya no serán exclusivas de la petrolera mexicana, aunado a que la profundidad de la apertura y de la competencia con nuevos operadores serán cruciales; el tiempo juega a favor de la seguridad energética nacional de los próximos 30 años.
En entrevista, el también asesor de Economía Política de la Energía del consejero profesional de Pemex, Fluvio Ruíz, adelanta que ya tienen un documento de trabajo que contiene un decálogo de asuntos estratégicos que sugieren deberían ser considerados en la próxima discusión de las leyes secundarias.
Destacó que los legisladores tienen una gran responsabilidad ya que en sus manos está el futuro energético de sus hijos y los nuestros. Por eso, el tiempo que sea necesario llevarse para aterrizar la garantía energética, “vale la pena y mucho”.
Carlos Huerta, anticipó que entre los objetivos que debe de perseguir la nueva legislación en materia energética esta el de fortalecer a Petróleos Mexicanos; garantizar un régimen fiscal que sea competitivo y equitativo y asegurar la conducción central del Estado en materia de Política Energética y hacer realidad la obligación gradual de Contenido Nacional.
Adicionalmente se debe de consolidar la arquitectura institucional y de manera particular de los órganos reguladores para lo que es necesario establecer estratégicamente la magnitud y profundidad de la apertura y la competencia.
También se debe determinar un sistema de precios y subsidios con un sentido de responsabilidad social y viabilidad económica y ambiental, así como proponer mecanismos de transferencia tecnológica, de desarrollo e implementación de la misma; capacitar y actualizar intensivamente a los cuadros técnicos especializados existentes y la creación de otros.
Otro punto importante es garantizar la seguridad pública. Combatir y sancionar severamente la corrupción y garantiza la mayor transparencia y rendición de cuentas en todo el nuevo entramado institucional y poner especial cuidado en los mecanismos constitucionales y legales de legitimación política y social del nuevo contexto energético.
Asimismo, determinar los plazos y los tiempos necesarios de implementación para garantizar la seguridad energética nacional.
Subrayó que cada uno de estos puntos tiene un desarrollo específico de temas, subtemas y variantes que deben ser considerados. “Cuidar el detalle no significa necesariamente sobrerregulación, por eso insisto, el tiempo juega a favor nuestro ya que la prisa siempre se tropieza con sus propios pies”.
Por ejemplo, existe una idea general de que la competencia tiene una correlación directa en términos de crecimiento económico y disminución de precios y se aplica de manera lineal en el caso del sector energético.
“En este sentido soy escéptico”, dijo el especialista. “Esta apreciación teórica de Economía ortodoxa o convencional no tiene sustento empírico en el mundo porque el costo del petróleo crudo no es la parte sustantiva del precio como representación subjetiva del valor. Tampoco la oferta y la demanda son las únicas variables que determinan el precio porque interviene factores estratégicos, geopolíticos o ambientales. Sobre estos temas no hay conclusiones absolutas, ni teóricas, ni empíricas.
Por eso mismo hace sentido y vale la pena tomarse el tiempo para seleccionar y establecer claramente la magnitud y profundidad de la apertura y la competencia. No en todas las áreas de la cadena de valor de los hidrocarburos se debe aplicar la misma receta porque los resultados pueden distar mucho de serpositivos en el mediano y largo plazos”.
Explicó que en el caso de los tiempos, el caso brasileño es emblemático: “En 1995 comenzó formalmente la apertura en el país carioca al aprobarse la Enmienda Constitucional No. 09 que permitía el ingreso de capitales privados a las actividades de hidrocarburos. Pero no fue sino hasta 1998 cuando la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) realizó la primera ronda de licitación de campos petroleros para la exploración, en la cual participaron no sólo los nuevos operadores sino también lo hizo Petrobras. Esta última, le fue autorizados por la ANP como órgano regulador a quedarse con la mayoría de los bloques que se incluían, en su mayoría, las reservas probadas”.
El otro tema que Huerta considera importante es el asunto de Seguridad Pública. La ordeña de ductos es un tema que deja mermas multimillonarias año con año. Pero no sólo eso, el tema de la violencia es relevante en términos de la maximización en la recuperación de la renta petrolera. Un caso emblemático es la petrolera colombiana Ecopetrol. A finales de la década de los noventa y principios del nuevo siglo, afirma el también experto en temas presupuestales y financieros, que la inversión extranjera directa y de Ecopetrol se desplomaron: en promedio la caída fue de casi (-) 14 por ciento pero por segmentos, hubo años en que la caída en inversión en producción fue de alrededor de -50 por ciento y en exploración llego a casi -60 por ciento; esto debido al aumento de la violencia política del país sudamericano. “En este tema hay que verse en un espejo”, advirtió.
Es imperativo, destacó, poner especial cuidado en los mecanismos constitucionales y legales de legitimación política y social del nuevo contexto energético (Consulta Ciudadana); yo no me referiré, dijo, a su acepción política, sino más bien al impacto desde la visión de Económica Política.
“La Consulta como tal no es un fin en específico sino un medio, un instrumento para resolver de una manera democrática, diferencias en asuntos nacionales, estratégicos o controvertidos. Es claro que hay un sector de la sociedad que no está conforme ni con el contenido ni con la forma como se resolvió la Reforma Energética. De no realizarse la Consulta por cualquier causa, no implica que el desasosiego desaparezca, por el contrario, el malestar y rechazo político y social pueden incrementarse.
Un desencuentro político o social podría tener un impacto económico negativo”, alertó. Y esta situación sí crea incertidumbre en el largo plazo con la amenaza permanente de revertirse total o parcialmente la Reforma Energética. No importa si se consuma el hecho de reversión o no, es suficiente la amenaza para impactar directamente en las decisiones de contención de inversión.
Por ello, este tema no es menor y la preocupación no sólo es interna sino también externa. Los que se oponen a la Consulta lo hacen con el prejuicio de poderla perder. Pero, ¿qué pasaría si se ganase? La inconformidad política y social se anularía.
Finalmente, consideró que vale la pena reflexionar y tomarse el tiempo necesario para prepararnos a un nuevo contexto.
