La traición de Peña Nieto
Fuente: El Universal.
La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y radiodifusión, presumiblemente reglamentaria de la reforma constitucional en esta materia, enviada ayer al Senado por el Presidente Enrique Peña Nieto, constituye una regresión política insospechada y un acto de incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional en ésta materia. Se trata, sin más, de una contra-reforma. El mensaje es muy desalentador: la más relevante de las reformas procesadas en el Pacto por México, a propuesta de la oposición, es traicionada por el Presidente de la República.
La iniciativa es contraria a la reforma constitucional en varias de sus disposiciones más relevantes e ignora varios de sus mandatos reglamentarios. Presenta un desequilibrio regulatorio entre radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las Televisoras. Este asunto se ve con toda claridad en la desigual forma de regular la preponderancia en Televisión (art. 264) y en telecomunicaciones (art. 265); medidas irrelevantes para la televisión. Está ausente la definición de servicio público tanto en artículado, como a lo largo del proyecto. Desconoce los criterios establecidos en el régimen transitorio de la reforma para regular la publicidad, además que contiene redacciones tramposas: pretende medir la publicidad por tiempo total de programación y no por hora. El gran logro que fue incorporar en la Constitución la prohibición de la publicidad presentada como información, carece de sanción alguna.
Lo más burdo es la invasión de facultades del IFETEL, violentando su carácter de órgano autónomo, lo coloca a expensas de la SCT, de la COFEMER y la SEGOB en diversos temas y procedimientos. Contrario a lo que dispuso la Constitución, devuelve la vigilancia de contenidos a la SEGOB y la administración de los tiempos de Estado. Desaparece la función social de la radio y la televisión, la clasificación horaria de programas, y no contiene disposiciones para la radio, el gran faltante. Concesiones a 20 años con refrendo automático; y bajo la figura de la concesión única, ¡hasta por 30 años! Se le da la vuelta a la Constitución al conceder la suspensión en materia de amparo, respecto de las multas que imponga el IFETEL.
Se pasa de lado el artículo 28 constitucional y diluye todas las medidas de competencia para la Television: No establece límites a la concentración de frecuencias, ni a la propiedad cruzada de medios, no contiene medidas para la desinversión. Las reglas de acceso a la multiprogramación son irrelevantes, en realidad permanece el modelo de asignación automática, a juicio de los concesionarios los canales adicionales a transmitir y sin la obligatoriedad de la contraprestación.
Es omisa en muchos de los mandatos reglamentarios que la Constitución impuso al Congreso, particularmente en el desarrollo y garantía del nuevo modelo de medios públicos, ignorando los lineamientos del Décimo transitorio de la reforma, así como de los mecanismos de protección a los derechos de las audiencias. El Consejo Consultivo del IFETEL no tiene ninguna atribución importante, carece de objetivos, procedimiento de selección, ni requisitos para ser miembro; reitera el carácter decorativo del actual consejo consultivo, siendo que en éste recae la delicada función de asesorar al Instituto en materia de contenidos.
Hacen del organismo público descentralizado para prestar el servicio de radiodifusión pública sin fines de lucro, una copia venezolana de la televisión de gobierno. La producción independiente sin medidas efectivas de promoción, e indefinición, sin cuota. La red compartida de internet está ausente de la iniciativa, no obstante que la reforma le dio un uso constitucional a la banda de los 700 Mhz. La TDT se va a un nuevo plazo, el 2017, contrario a la Constitución, y se le impone un 90% de penetración para poder declarar el apagón analógico.
Leo y releo la iniciativa, y no salgo de mi asombro y estoy lo que le sigue a una persona consternada. Porque, si bien es cierto que no soy ingenuo, ni creo en talante democrático alguno del gobierno priista – intrínsecamente autoritario en sus cúpulas decisorias -, creí que la lógica legitimadora y la audacia pragmática de Peña Nieto en acompañar las reformas constitucionales planteadas por la oposición, sería honrada en la legislación secundaria bajo ese mismo cálculo político: reacomodar el vértice del poder en México en el Presidente de la República y no en el Presidente de Televisa. Pero Peña se echó para atrás de volada. Se rinde El Salvador de México y decide pasar de la portada de TIME a los interiores de TVyNovelas.
Un actor priísta de muy buen nivel me acaba de confiar desencajado «hubiera sido mejor que no hiciéramos nada, va a quedar peor que Fox y Calderón». Y estoy de acuerdo. El Presidente Peña Nieto abrió una gran expectativa en este tema y levantó consensos nacionales favorables a la reforma, incluso despistó a algunos analistas que dieron por concluída la hipoteca mercantil que celebró con la empresa de Emilio Azcárraga para forjar su candidatura y luego la Presidencia. Fox y Calderón, ininteligibles en el ejercicio del poder, simplemente se sometieron desde el inicio, con servilismos distintos y por necesidades diferentes.
El gobierno de Peña comete el error histórico al presentar una iniciativa así, la marca de la traición lo emblematizará por el resto de su sexenio; además del contradictorio mensaje que envía a los inversionistas y organismos internacionales, ámbito donde se vanagloria de enfrentar con valentía a los monopolios, pero un valor al que quiere renunciar con arrepentimiento infantil: «yo no me quería subir, ya bájenme de aquí».
Peña descubre en el bodrio que envió al Congreso su reflujo y su arrepentimiento. Nunca digirió entonces las reformas, en las que efectivamente no creía – no es capaz de comprenderlas -, pero aceptaba como indispensables en la búsqueda de la credibilidad que el dinero no pudo comprar en su campaña. Quiere devolverlas con un proyecto vomitivo. Exactamente como funciona el reflujo gastrointestinal.
Lo que tenemos por enfrente es otra pesada batalla en el Congreso para atajar este intento de regresión; escenario incierto en su saldo final, dada la facilidad con la que en éste tema el PRI puede conseguir apoyo entre legisladores del PAN. No sería improbable que el asunto termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acción de inconstitucionalidad. Realmente sería traumático que ello sucediera, un vuelco funesto a uno de los peores rostros de la clase política en el pasado reciente: el sometimiento vergonzoso de la representación popular a los intereses de unos cuantos en la tristemente célebre «Ley Televisa». Si las cosas siguen como van, nadie tenga duda de que, así como en la serie de «House of Cards», entraríamos a la segunda temporada de la Ley Televisa.
Javier Corral Jurado es Senador por el PAN y directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
