INGOBERNABILIDAD
Ignacio Lapuente R.
La descomposición del tejido social detona la ingobernabilidad. Son varias las causas que la alientan, quizá las más importantes, son propiciadas por el cúmulo de fallas e inconsistencias de los gobiernos encabezados por políticos que incumplen sus promesas de campaña y con desempeños deplorables en sus gestiones.
Muy pocos gobernantes logran conseguir su cargo de una forma legítima; sin duda es un mal inicio que les restará autoridad moral el resto del mandato. Existe la percepción generalizada de que son deshonestos. Al terminar sus períodos salen con patrimonios mal habidos y esquivan la justicia. El consenso popular es que algunos se coluden con la delincuencia y lucran con ese contubernio.
Si prospera la propuesta de reforma fiscal, causará irritación social ya que no es promotora del crecimiento económico, ni de la creación de empleos; es recaudatoria y el gasto que contempla en programas sociales tiene visos clientelares. No se aprecia el estímulo para incorporar a la legalidad al grupo de los informales. Se advierte que pretenden centralizar el gasto para concentrar el poder.
El apoyo a los desempleados, que en otros países tiende a eliminarse, es una bandera que le quieren arrebatar a la izquierda, tiene un tufo electorero y partidista. Primero deben apuntalar el deficitario servicio de salud pública actual y enderezar el tema de las pensiones que tiene contra la pared al Estado y después que sigan con lo demás.
Las personas que tienen empleos formales contribuyen a pagar su seguridad social, pero denuncian que es deficiente; por eso muchos renuncian a ese servicio público. Además se elevará el costo de la administración de su ahorro en las Afores.
El gobierno no precisa lo que va a aportar en el terreno de productividad y el ahorro del gasto público corriente, incluyendo a las empresas del Estado que son un barril sobre endeudado y sin fondo.
La deuda de las entidades federativas y municipios asciende a más de 440 mil millones de pesos y la mayor parte no está invertida en infraestructura. Ya le dieron carpetazo al tema por que muchos de los responsables del desfalco están en las altas esferas del poder público.
Los economistas mencionan que México es un país de muy baja recaudación; es cierto, sin embargo nunca ponen en la balanza el importe de las rentas que trasladamos a los monopolios, públicos y privados y los montos que eroga la sociedad para cubrir la falta de los servicios que debería de proporcionarles el gobierno. Los servidores públicos de los países con elevadas contribuciones, eluden el gasto ilegítimo y rinden cuentas. Esto les da credibilidad.
Se asignan partidas importantes del erario a los partidos para apoyar el desarrollo democrático, sin embargo, “se acompletan” con dinero que substraen de las arcas públicas los gobernantes que surgen de sus filas. Los topes de gasto para las campañas electorales es una vacilada.
La ingobernabilidad surge de los abusos y las torpezas que comete una “ridícula minoría” en el poder que afecta e irrita a una descafeinada mayoría. Las autoridades dialogan con los inconformes para cubrir el expediente de las buenas formas democráticas, sin embargo no tienen la disposición o capacidad para atender y solventar las demandas legítimas que plantean algunos sectores. Parte importante de su tarea es restañar el tejido social que ellos mismos han corroído.
La irresponsabilidad de los poderes, ejecutivos, legislativos y judiciales, incita la ingobernabilidad. Son los principales responsables de la concentración de la riqueza y de la mala distribución del ingreso. El dispendio y el peculado provocan el repudio generalizado de las “ridículas mayorías” que permanecen en la sombra de la resistencia. En la práctica, ninguna reforma hacendaria va a prosperar, mientras tengamos un gobierno faraónico, que gasta mal y que es reacio a rendir cuentas. Las mayorías reclaman honestidad, eficiencia y gobiernos austeros. ¿Qué es lo que no se entiende? Para ellos, la seguridad, las Suburbans, los aviones y los viajes; para el ciudadano: la cuenta.
La corrupción no es privativa del sector público; pero es importante que los altos mandos gubernamentales pongan el ejemplo para romper el círculo vicioso y reimpulsar los valores éticos en la sociedad. Es indispensable incrementar la recaudación para impulsar el desarrollo del país; pero el pueblo exige el manejo trasparente y aseado de los recursos públicos. Esta es la herramienta que puede operar el cambio.
Las explicaciones, las amenazas y la fiscalización punitiva son insuficientes, no alcanzan para llegar a las metas. Se requiere una nueva actitud de las autoridades para construir los espacios de colaboración entre sociedad y gobierno que faciliten la gobernabilidad.
Ignacio Lapuente R.
Septiembre 21 de 2013
