Hay clases sociales

La descomunal desigualdad que existe en México quedó retratada, crudamente, en el más reciente informe del INEGI publicado esta semana.

La inusual clasificación por clases sociales que hizo el organismo nos dice que si bien se incrementó el porcentaje perteneciente a la clase media -de 35 a 39 por ciento-, la base mayoritaria de la población está asentada en la denominada clase baja, con más del 59 por ciento.

Los pudientes, en el pico de la pirámide, alcanzan apenas un 1.7 por ciento de la población, para dar cuerpo a la llamada clase alta.

El informe del INEGI, primero en su tipo, muestra la evolución de los indicadores socioeconómicos de los últimos 10 años y tiene como propósito arrojar luz, sobre la composición de las clases sociales y, en particular, de las clases medias en México.

Con los criterios del estudio, en un hogar tipo de la clase media mexicana, lo más probable es que se cuente con al menos una computadora, que se erogue al trimestre alrededor de 4 mil pesos en comidas y bebidas fuera de casa; que algún miembro de la familia tenga por lo menos una tarjeta de crédito; que alguien de la familia trabaje en el sector formal de la economía y que esa familia tenga por lo menos un miembro que haya cursado estudios de bachillerato.

Basada en la encuesta de ingresos-gastos de 2000-2010, la investigación revela que por cada persona de «clase alta» hay 49 que pertenecen a la «baja». La desigualdad que se revela es una de las más profundas que se registran en el panorama mundial.

Resulta curioso que el mismo día que se presentó este informe, también se desarrollaba un Foro internacional sobre los desafíos de las políticas tributarias en el que se hablaba del caso de México. Los especialistas pusieron el acento, precisamente, en la necesidad de políticas fiscales cuya vocación -más que recaudatoria- sea redistributiva. Las cifras del INEGI no dejan lugar a dudas de que para México es un imperativo disminuir estos abismos sociales.

El actual diseño económico, fiscal y distributivo del país resulta por demás inoperante.

A partir de la década de los noventa, México se convirtió en una fábrica de multimillonarios, quienes nutren las páginas de la revista Forbes y muestran el rostro de un país desigual e inequitativo. Ellos son los que están en la punta más alta de la pirámide y quienes concentran, en mayor medida, el ingreso y riqueza que se genera en nuestro país. Son la «clase alta» de la «clase alta».

Las más grandes fortunas se han amasado a partir del usufructo de algún bien, patrimonio o espectro del Estado mexicano. Los más ricos de México, que lo son también del mundo, son aquellos que explotan telecomunicaciones, minas, carreteras, industria petrolera, etcétera.

La reforma fiscal que discutirán en el Pacto y/o en el Congreso, necesariamente, tiene que contemplar un propósito redistributivo. Si se plantea sólo como un conjunto de medidas para impulsar el crecimiento económico o su diseño satisface sólo los afanes recaudatorios de un gobierno, estaremos ante una reforma que desde el principio resultará fallida.

Cepal enlistó varios puntos clave para el debate en México.

Sobre el IVA general, incluyendo alimentos y medicinas, dice que sería abiertamente regresivo y afectaría a los más pobres del país. Pero que, si se aplican medidas suficientes para compensar a los más pobres, podría aprovecharse la eficacia recaudatoria de un impuesto general. De ahí podría obtenerse aproximadamente 2 por ciento del PIB.

Cepal analiza también el tema de los subsidios a las gasolinas. Considera que el beneficio sólo alcanza a clases medias y altas, fundamentalmente porque ahí están los coches.

Uno de los datos más reveladores del estudio de Cepal se refiere a lo que representa para México la política complaciente y de privilegios que prevalece en el actual diseño fiscal.

El organismo de Naciones Unidas calculó casi en un 6 por ciento del PIB lo que México deja de recibir por privilegios, exenciones, condonaciones y demás mecanismos. Los 3 mil millones perdonados a Televisa hace unos días pudieran estar contemplados en ese cálculo final.

 

Carmen Aristegui F. | (14 junio 2013)

Grupo Reforma