El Gobierno y sus consentidos
(Fuente: El Norte, mayo 15 de 2008).
Fernando Turner
La principal causa del escaso crecimiento económico consiste en la incompatibilidad entre una amplia apertura al exterior y la presencia de oligopolios privados y monopolios públicos en importantes áreas económicas.
Jack Welch, connotado gurú de los negocios, y Carlos Salinas, ex Presidente a quien se acusa de muchas cosas, pero no de tonto, lo han expresado recientemente.
La apertura externa demanda competitividad a las actividades liberalizadas, mientras los protegidos gubernamentales y privados se dedican a impedirlas, ordeñándolas y acaparando recursos.
Mano a mano, el Gobierno y los consentidos manejan posiciones, precios y políticas para mantener su prepotencia sin necesidad de invertir, emplear, competir y servir.
Por un lado, con Pemex y CFE a la cabeza, el Gobierno aumenta precios y establece políticas dignas de los más duros monopolios buscando aumentar sus ingresos mientras se maneja en un océano de ineficiencia, corrupción y favoritismo.
No alcanzan más que a quejarse y manifestar indecorosamente en público las lacras generadas por su administración deficiente: falta de tecnología, burocratismo, agotamiento de lo fácil, desperdicio, abusos sindicales y quiebra, a pesar de gozar de concesiones que enriquecerían al más tarado. Como si estos organismos estuvieran al garete.
Por el otro, aprovechando canonjías provenientes de privatizaciones y del Estado, los oligopolios privados refuerzan a la luz del día y sin limitaciones sus acciones abusivas.
Dominando actividades estratégicas, impiden competir y debilitan a las empresas liberalizadas al sujetarlas a insumos caros e ineficientes, gozando de utilidades desproporcionadas.
Para rematar, los sectores enfrentados al exterior lo hacen lastrados por un tipo de cambio muy por encima de su valor real, apoyado por ingresos masivos de divisas petroleras e inversiones especulativas atraídas por las descomunales tasas de interés nacionales.
Entonces su ingreso disminuye mientras sus costos se incrementan, ahuyentando inversiones. Dado que las inversiones del Gobierno y grandes empresas representan únicamente el 20 por ciento de las necesarias, la insuficiente inversión de millones de emprendedores impide que la economía crezca.
Mientras esta situación no se corrija, la carencia de empleos mantendrá bajo el ingreso de las familias, permanecerá inalterada la pobreza y el País seguirá arriesgando su futuro democrático.
La tan manoseada lista de reformas estructurales debe iniciar con el compromiso, políticas y acciones que modifiquen el comportamiento abusivo de los monopolios públicos y modere el de los privados.
No se requiere privatizar Pemex y CFE para regularlos en beneficio del consumidor e impedirles que les trasladen sus ineficiencias. Pero se requiere intención de hacerlo.
Esta intención está notoriamente ausente en la propuesta gubernamental sobre Pemex y en las discusiones actuales de los "rentistas petroleros": políticos, burócratas, sindicalistas y contratistas.
Al moderarse, con la autoridad ganada con el ejemplo, el Gobierno podría enfocarse a aplicar políticas efectivas que repriman y luego eliminen los oligopolios privados.
Debe aplicar la misma determinación y valor que emplea en otras actividades socialmente nocivas, si verdaderamente le preocupa eliminar la pobreza.
Dejar de ser el hazmerreír de los oligopolistas y del mundo entero aumentaría su limitada credibilidad ante las mayorías empobrecidas por dos largas décadas de estancamiento, favoritismo y concentración de riqueza.
Sin esta piedra angular, todo lo demás es discurso dogmático y rollero. Con esta reforma, el País daría un gran salto adelante que haría renacer el optimismo y la confianza en nosotros. Buena falta nos hace.
El autor es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, A.C. ftd@katcon.com