Ley que daña
(Fuente: El Norte, febrero 5 2010)
Por: Sergio Sarmiento
"La historia de la economía es un largo registro de políticas gubernamentales que fracasaron porque fueron diseñadas con un audaz desprecio de las leyes de la economía".
Ludwig von Mises
La Constitución es uno de esos mitos geniales de la historia mexicana. Los gobiernos, los partidos y los políticos la han tratado de presentar como uno de los grandes logros de la Nación. Constantemente se refieren a ella como la primera constitución social de la historia del mundo. Pero México sigue siendo un país pobre e injusto. La razón no es que la Constitución no haya podido ejercer su magia después de 93 años de su promulgación, sino que la propia Carta Magna mantiene a México en la pobreza.
La Constitución ha sido hecha y modificada para inhibir la inversión y la actividad económica. Ha creado un entorno hostil a la competitividad y ha favorecido el surgimiento de grupos de interés especial -monopolios, sindicatos, partidos y políticos- que se han beneficiado en exceso. Se trata de una Constitución que no reconoce derechos individuales inalienables, sino que los otorga como si fueran una generosa concesión del Gobierno.
Para el artículo 27, todos los derechos de propiedad le pertenecen originalmente a la Nación, la cual puede transmitir el dominio a los individuos, con lo que se crea la propiedad privada. Esta disposición ha favorecido la fragmentación de la tierra y la pobreza del campo.
Los poderes de intervención económica que la Constitución da al Estado son enormes y sólo se comparan con los que detentan los pocos gobiernos comunistas que sobreviven en el mundo. Los artículos 25 y el 26, promulgados no por los constituyentes de 1917, sino por el sistema priista en los tiempos del supuestamente neoliberal Miguel de la Madrid, le dan a la autoridad poderes tan amplios de rectoría económica y planificación central que permiten la creación de un régimen comunista sin más.
El artículo 27 da al Estado la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, lo cual es común en el mundo, pero va más allá y establece restricciones a la inversión privada en refinación y distribución de gasolina, en petroquímicos y en otros campos de actividad. Las consecuencias han sido la creación de un monopolio petrolero ineficiente y el dispendio de enormes recursos al obligar, por ejemplo, al País a importar gasolina que se podría producir aquí.
El artículo 28 prohíbe en su primer párrafo los monopolios, sólo para después ofrecer una larga lista de monopolios que por ley debe ejercer el Estado. No sólo incluye la explotación de hidrocarburos o de uranio, sino la generación de electricidad, lo cual ha hecho que México deba sufrir por un sistema eléctrico ineficiente y caro.
El artículo 41, redactado en buena medida apenas en el 2007, despoja a los ciudadanos del derecho a buscar cargos de elección popular, a menos de que sean postulados por partidos políticos, y prohíbe a los ciudadanos y empresas contratar tiempos de radio y televisión para expresar sus ideas políticas. Los partidos se han dado a sí mismos un monopolio político con este artículo que hace difícil a los ciudadanos oponerse a sus abusos.
Podría uno seguir ofreciendo ejemplos de los problemas de la Constitución mexicana. Pero lo importante es señalar que ya no podemos cerrar los ojos al daño que este texto le ha hecho a México y a los mexicanos. Una de las razones más importantes de que, a 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, México siga siendo un país pobre y desigual; es la Constitución que la clase política y sus predecesores crearon para beneficiarse a sí mismos y para mantener al resto del país bajo su dominio.
