El costo del Gobierno en México
(Fuente: El Norte, agosto 12 de 2008).
¡Qué te mantenga el Gobierno!, se dice muchas veces en México. La realidad es que, más bien, cada vez nos sale más caro mantener al Gobierno.
Imagine por un momento que el Gobierno de México decide un día que ya estuvo suave de excesos de burocracia y malos servicios, y que de ahora en adelante nos va a entregar a cada ciudadano la parte del gasto público que nos corresponde.
¿Sabe usted cuánto dinero le pasaría el Gobierno en un cheque?
Ni más ni menos que 24 mil 76 pesos para este año para cada mexicano.
Si ello hubiera ocurrido en el último año del Gobierno de Zedillo, sólo nos habrían tocado 18 mil 403 pesos de los de hoy. Esto quiere decir que en los últimos ocho años el costo per cápita del Gobierno en México creció en términos reales en 30.8 por ciento.
Cuando llegó Fox al poder señaló que iba a bajar ese costo en 30 por ciento. Sí, hubo un 30 por ciento… pero de incremento.
Cuando se hace este tipo de comparaciones, los funcionarios dicen que el crecimiento del gasto ha sido principalmente en rubros como salud, educación y combate a la pobreza.
De hecho, durante el Gobierno de Fox hubo un intento de cambiar la contabilidad para no catalogar estas erogaciones como parte del gasto corriente sino como "inversión en capital humano", una categoría contable nueva, lo que finalmente no ocurrió.
Si tuviésemos un aparato de Gobierno visiblemente eficaz, en el que cada peso invertido en gasto social fuera en verdad inversión en capital humano se justificaría el cambio de denominación.
Pero, los sistemas de provisión de servicios educativos y de salud, o de entrega de recursos para combatir la pobreza, tienen más agujeros que un queso gruyere.
¿Usted cree que podría clasificarse como "inversión social" el dinero que llega a la cúpula del sindicato magisterial? ¿O podría catalogarse de esa manera la estructura de las delegaciones federales que resulta muy onerosa para los contribuyentes?
Sigue existiendo en México un pesado aparato burocrático que consume una parte muy importante del gasto que se efectúa cada año.
El crecimiento del gasto corriente tiene un alto componente de desembolso inútil, en términos de su efecto sobre la productividad del sistema económico.
Una de las razones de la ineficiencia es la visión concentradora del Estado, que en lugar de destinar recursos a la demanda de servicios públicos, los ha orientado a la provisión de la oferta.
Uno de los casos más debatidos es el tema de los servicios educativos.
Si vemos el gasto público por estudiante, por ejemplo en educación media, encontramos que es de 18 mil pesos anuales.
Probablemente si esa cifra se entregara a cada estudiante, lo asignaría mejor que el Gobierno.
Sin embargo, el problema principal no es ni siquiera el monto que se gasta en educación o en salud, sino particularmente los incentivos que existen.
El burócrata (y lo denomino burócrata no despectivamente, sino descriptivamente) que tiene a su cargo el uso de millones de pesos, no tiene prácticamente ningún incentivo para hacer un uso más productivo de esos recursos.
Sabe que una parte muy importante del gasto corriente tiene una asignación inercial. Es decir, se va a canalizar a lo que siempre se asigna.
Otra parte, cuya asignación sí puede ser modificada, va a toparse con la propia reglamentación del aparato de Gobierno, que pareciera premiar a quien no haga nada.
El que pretenda hacer un uso más eficiente de los recursos tiene que enfrentarse con los sindicatos; con los controles de los órganos internos de control y una reglamentación que es sumamente rígida.
Aunque, como en todas las organizaciones humanas, hay excepciones y sí hay quien, pese a todo, insiste en hacer más eficiente su operación, la regla es que si virtualmente me premian por no hacer cambios o por lo menos me evito problemas al dejar que siga la inercia, pues entonces las cosas, en términos generales, siguen igual.
Y como entre el 2000 y el 2008 también hemos tenido un crecimiento muy importante de los ingresos públicos, tampoco ha existido el incentivo de hacer más con menos.
Pareciera que aunque antes de llegar al Gobierno (sea en el ámbito federal o local) el PAN y el PRD critican los excesos del gasto público, al final de cuentas pareciera un síndrome contagioso, que cuando están en el poder no quieren adelgazar el aparato de Gobierno porque eso significa perder poder.
Una cosa es ver teóricamente la conveniencia de bajar el costo del Gobierno y otra diferente es operar ese cambio cuando eso significa perder parte de ese aparato o tener que pagar costos políticos por hacerlo.
Desafortunadamente, todo parece indicar que hasta que venga la próxima crisis fiscal cuando caigan los precios del petróleo, se tomará en serio la tarea de hacer que el Gobierno nos cueste menos a los contribuyentes.
La ruta alcista del gasto
Entre junio del año pasado y el de este año, el crecimiento del gasto público fue de casi 20 por ciento en términos reales. Si vemos las tendencias en el largo plazo, vemos un aumento sistemático del gasto gubernamental, que al final tenemos que sufragar los ciudadanos.
