Bonito abogado tenemos

 

(Fuente: El Norte, 15 de agosto de 2008). 

Por: Felipe Díaz Garza

Muy mal se ve el diputado federal priista y aspirante confeso a la Gubernatura Juan Francisco Rivera Bedoya al negar autoridad moral a un grupo organizado de ciudadanos, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), para criticar al Gobierno estatal y pedirle que resuelva los problemas de inseguridad en los próximos 60 días.

La ANEI publicó el lunes pasado una carta abierta dirigida al Gobernador del Estado y al Procurador de Justicia, solicitándoles la solución de los graves problemas de inseguridad pública que estamos padeciendo los nuevoleoneses, entre los que los firmantes destacan el involucramiento de policías en la comisión de delitos, por lo que "les pedimos que, para manifestar su aprecio a la gravedad del problema, cumplan esta tarea en un plazo no mayor de 60 días, para evitar que se diluya el esfuerzo y se mediaticen los resultados", propone la carta.

"Yo creo que es una manifestación muy irresponsable y totalmente ilegal, porque ninguna asociación u ONG o lo que quiera tiene facultades para señalar ultimátum a las autoridades y menos que proceden por un aspecto partidista… Si Acción Nacional va a politizar este tema mediante un membrete de empresarios independientes o de cualquier otro nombre, en verdad es muy lamentable porque la seguridad en este país no tiene colores, y lejos de dar ultimátum, debemos participar", sentenció el todavía diputado y aspirante a Gobernador en campaña, según consignó un medio electrónico local el miércoles pasado.

Se ve mal Rivera Bedoya, le digo, como diputado y como aspirante a Gobernador. Los ciudadanos organizados, igual que los no organizados, tenemos todo el derecho del mundo o cuando menos el de nuestra Constitución para criticar al gobierno. Ese derecho lo comparten los partidos políticos, esencialmente integrados por ciudadanos.

Aunque el grupo empresarial firmante de la carta del lunes fuera un apéndice del PAN, como lo sugiere mañosamente la dialéctica de Rivera Bedoya, a sus integrantes los asiste el derecho a criticar lo que consideren criticable del gobierno y sus líderes. Y desde luego que ese derecho se extiende a pedir que el gobierno resuelva los problemas para cuya solución fue electo hace ya cinco años, el Gobernador González Parás.

Idealmente, el derecho ciudadano de criticar y exigir al gobierno cumplimiento inmediato de sus atribuciones, que son obligaciones constitucionales, debería ser ejercido por el pueblo a través de sus representantes, los diputados. Pero andando estos tan ocupados en promoverse a sí mismos, como el diputado y aspirante en campaña a Gobernador Rivera Bedoya, a los ciudadanos no les queda otro remedio que rascarse con sus propias uñas y exigir seguridad y justicia por su cuenta o a través del membrete que les dé la gana.

En ese contexto es el colmo del cinismo o de la ignorancia constitucional que este diputado remiso, que debería haberle puesto hace rato un ultimátum al gobierno para que detenga la inseguridad creciente, califique de irresponsables e ilegales a los ciudadanos de la ANEI -que, en todo su derecho, pueden ser panistas y hasta priistas-, por su denuncia de los problemas y su consecuente petición, que además no fue nunca planteada en la carta abierta como ultimátum, de arreglarlos en 60 días, como irresponsable e ilegalmente lo hace el Diputado Rivera Bedoya, presunto pero incumplido representante del pueblo de Nuevo León del que forman parte los quejosos de la ANEI.

Más irresponsable y cínico todavía es que, atribuyéndole al PAN la conspiración de la carta abierta, el compañero Rivera Bedoya politice la situación a su favor y a favor del gobierno de su partido acusando a Acción Nacional de "politizar este tema mediante un membrete de empresarios independientes o de cualquier otro nombre, en verdad es muy lamentable porque la seguridad en este país no tiene colores, y lejos de dar ultimátum, debemos participar".

Si el PAN está detrás de la demanda ciudadana, aunque sean empresarios los demandantes, de acción estratégica del gobierno contra la delincuencia, feliz la hora en que lo hace. Y más feliz será la hora en que el gobierno le haga caso a la proposición participativa, que no ultimátum, de la ANEI. Tan participativa que su parte medular la integran seis líneas concretas de acción estratégica que los empresarios le solicitan urgentemente al gobierno que instrumente.

Y estoy seguro de que coincidirá conmigo en que si alguien politizó en este caso el tema de la inseguridad pública fue el compañero y presunto diputado priista Juan Francisco Rivera Bedoya, bueno para acercar piedras a su molino, piedras que son de sus representados sin representación. Ya acabará apedreado en la primera elección en que participe. Porque su dicho nos demuestra que si fue mal diputado sería peor Gobernador. Para empezar, los críticos serían irresponsables e ilegales.