Primero los pobres, una esperanza perdida.
La frase que usa frecuentemente el presidente, “Primero los pobres”, suena excelente como parte de un discurso, puede provocar aclamaciones entre el público que lo escucha, ¿quién puede estar en desacuerdo con atender con prioridad a quienes se encuentran en condiciones de pobreza?
Sin embargo, dicha frase, así, en sus términos, no nos sirve para evaluar si la esperanza de abatir la pobreza se materializará o, por el contrario, quedará para la historia de tantas promesas de campañas incumplidas.
Para asomarnos a una respuesta a esta duda, primero precisemos qué se entiende por pobreza, ello dará mejores bases sobre qué esperar.
La pobreza se entiende como privaciones, carencias que impiden el desarrollo pleno de las personas. La pobreza ha estado presente en la historia de la humanidad: En 1756 Edmund Burke[1], filósofo y político inglés, afirmaba: “Nueve de cada 10 partes de toda la humanidad sufren carencias durante su vida”. Similar valoración hizo J. K. Galbraith en 1958: “La experiencia de naciones con niveles altos de bienestar es extremadamente breve, casi todas, a través de su historia, han sido pobres”[2].
La pobreza usualmente se cuantifica mediante la definición de una línea base de ingreso, o línea de pobreza, por debajo de la cual se estima la persona no tendría suficiente ingreso para solventar las necesidades esenciales. Desde los 80´s, esta medición se ha mejorado, al considerar que la pobreza no solo implica insuficiencia de ingreso, sino una incapacidad más amplia, la de poder satisfacer algunas necesidades esenciales. La diferencia es crucial, pues la incapacidad para satisfacer alguna de esas necesidades, no sólo resulta de una falta de ingresos, sino que puede obedecer a una razón diferente. A. Sen ofrece una explicación más clara y define a la pobreza como privación de capacidad, resultado de diversas razones, entre ellas, la insuficiencia de ingreso.[3]
En México, una persona se considera pobre cuando su ingreso no es suficiente para adquirir una canasta básica y presenta al menos una carencia social; se considera que la pobreza es extrema cuando además de ingresos insuficientes hay tres carencias sociales.
Las carencias que se consideran para definir y medir la pobreza se refieren a las originadas por rezago educativo (no tener educación básica completa), por no contar con servicios de salud, o no tener seguridad social, falta de calidad y espacios de la vivienda, así como deficit de servicios básicos para dicha vivienda; y, por no tener acceso a la alimentación.
Si la pobreza es incapacidad de generar un ingreso suficiente aunado a no poder satisfacer alguna de las necesidades esenciales ya señaladas, su combate debe buscar aumentar la capacidad de todos, pero en especial de quienes están en esa situación, para generar más ingreso, así como para facilitarle superar la o las carencias que padezcan.
El ingreso aumenta por la vía de generar empleos asalariados o por promover autoempleo más productivo. Vías no excluyentes, complementarias y, en un sistema democrático deseables ambas, pues las personas deben poder elegir entre un empleo asalariado o autoemplearse. Una vía adicional, son transferencias monetarias directas a las personas.
Aumentar el empleo asalariado precisa de crecimiento económico, no hay de otra, para ello es necesario que las empresas, de todo tamaño, que son quienes generan empleo, crezcan y mejoren su productividad. Aumentar los ingresos de autoempleados exige facilitar su acceso a las herramientas que les permitan ser más productivos, entre las principales: Crédito no oneroso y capacitación.
Las carencias por rezago educativo, acceso a los servicios de salud y a la seguridad social en 2018 afectaban al 16.9%, 16.2% y 57.3% de la población. Para reducir estos porcentajes será necesaria la universalización de estos servicios, así como mejorar su calidad. La universalización del acceso a estos servicios y mejora de su calidad requiere remover las causas que impiden a diversos grupos el acceso a dichos servicios, causas que no siempre tienen que ver con falta de ingreso, sino que pueden obedecer a falta de infraestructura o baja calidad de ésta, escasez de maestros o personal de la salud, o de materiales y herramientas para brindar el servicio adecuadamente. Reducir estas deficiencias implica mucho más que becas, demanda también invertir en la infraestructura educativa y de salud del país, para disminuir las enormes desigualdades existentes respecto a los correspondientes servicios privados, y al interior de los propios servicios públicos entre regiones o zonas del país.
Las causas de un porcentaje tan elevado de personas sin acceso a los servicios de seguridad social son complejas; tienen que ver con la forma que se financian estos servicios y el trato fiscal que se les da, actualmente relacionados al acceso a un empleo formal. Por ello el reto principal para resolver esta carencia es cómo financiar este servicio, sin importar si se cuenta con un empleo o autoempleo. Habría que resolver también la transición de los actuales sistemas de seguridad social al nuevo.
Las carencias en cuanto a calidad y espacios para la vivienda, así como por insuficiencia de servicios básico para esta, en 2018 afectaban al 11.1% y 19.8% de la población, respectivamente. Reducir estos porcentajes requiere, además de mejorar los ingresos de los mexicanos, facilitar su financiamiento en términos no onerosos. Además de lo anterior, la disminución de estos porcentajes demanda de las autoridades locales, Estados y municipios, un gran esfuerzo para mejorar la planeación del desarrollo urbano, así como de inversión para proveer los servicios requeridos para la vivienda.
Finalmente, la privación por alimentación afectaba en 2018 al 20%. Abatir este porcentaje, además de mejorar los ingresos de los mexicanos y universalizar la seguridad social, precisa de que se atienda directamente a quienes por edad o alguna incapacidad no pueden por sí solos mejorar su acceso a alimentación. El instrumento podrían ser transferencias monetarias debidamente especificadas.
La complejidad de las relaciones entre los factores que generan la pobreza o impiden escapar de ella, o, en palabras de A. Sen, “…producen privación de capacidad para una mejor vida”, muestra que una política eficaz, que verdaderamente dé prioridad a los pobres, debe considerar un solo objetivo: que la gran mayoría de los mexicanos escape de la condición de pobreza, y usar de manera coordinada y congruente los instrumentos de la política económica y la social, como una unidad, hacia ese objetivo.
Una política económica y social de este tipo debe impulsar el crecimiento económico para generar empleo en volumen adecuado, para que año con año quienes deseen un empleo, lo encuentren; promover que quienes optan por el autoempleo mejoren su productividad e ingresos; propiciar también la universalización de los servicios de salud, de seguridad social, de educación de calidad; y programas para reducir el déficit de acceso a una vivienda, a los servicios básicos de éstas y a la alimentación. Finalmente, estas acciones deben ser complementadas con transferencias monetarias para fortalecer capacidades de personas que por sí solas no puedan superar sus carencias con las acciones antes mencionadas.
Una política como la delineada arriba sólo será posible en el contexto de una profunda reforma fiscal, una reforma integral que no solamente mejore la calidad y transparencia de los procesos para programar, presupuestar, ejercer y evaluar el gasto, sino que también siente las bases de un nuevo pacto fiscal que otorgue suficientes recursos a los tres niveles de gobierno para que éstos provean a la economía los bienes y servicios públicos necesarios para apuntalar un mayor dinamismo al crecimiento económico. Así mismo, que resuelva la financiación para garantizar el acceso universal a los servicios de educación, de salud, de seguridad social, y los programas para reducir las carencias por acceso a la vivienda, a los servicios básicos a éstas y a la alimentación, y distribuya con equidad la carga fiscal requerida. Una verdadera reforma hacendaria.
¿Qué hace el actual gobierno para abatir la pobreza?
Nada de lo anterior es parte de la política de la 4T para reducir la pobreza. Su política para abatir la pobreza se centra en transferencias monetarias directas, hay 17 programas de este tipo, que están impregnadas de un fuerte olor electoral.
El CONVEAL recientemente evaluó dichos programas y fue muy crítico en sus conclusiones: Ausencia de diagnósticos precisos; falta de claridad respecto del problema que se busca resolver con cada programa; ausencia o poca claridad de reglas de operación; inexperiencia operativa y falta de capacidad para dar seguimiento al cumplimiento de metas y procesos; opacidad e incluso corrupción.
Estas acciones de política social están desvinculadas de la política económica, la cual además no está orientada a promover mayor empleo e ingresos de los asalariados, ni mejoras a los ingresos a los autoempleados.
Las acciones de la 4T no cumplen lo requerido para abatir la pobreza. No promueven el empleo asalariado o el autoempleo. Por el contrario, lejos de aumentar la inversión necesaria para crecer, la inversión pública la han disminuido como proporción del PIB y respecto a la privada han hecho un gran esfuerzo por desalentarla, minando la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros con medidas como cancelación de proyectos vía pseudo consultas (cervecera en Baja California, NAIM en Texcoco); cambio de reglas en materia de energía; discurso descalificador de los empresarios por parte del Presidente y miembros de su gabinete; cancelación de instituciones promotoras de la inversión como Pro México y el Consejo de Promoción Turística; la cancelación de los programas del Instituto Nacional del Emprendedor, y de los apoyos a mujeres trabajadoras y al campo.
Los resultados negativos ya son visibles. Crecimiento nulo en 2019, 2020 luce de terror. Más de un millón de empleos se perderán. La pobreza en sus diferentes aspectos crecerá desmesuradamente.
La falta
de comprensión del problema de la pobreza por las nuevas autoridades, su
soberbia, sus prisas por poner en marcha nuevos programas y sin evaluación de
por medio, desechar los anteriores, su renuencia al análisis y debate, con
expertos de todas las corrientes, sobre las opciones de solución, su negativa a
apoyar al sector productivo a sortear la crisis, significará irremediablemente
que la 4T no será la trasformación de la esperanza para los pobres, sino la
pseudo transformación de mayor generación de pobreza en la historia de México,
la transformación de una esperanza traicionada.
