Reforma fiscal sin crecimiento
Rogelio Ramírez de la O
19 de septiembre de 2007
Un modelo económico que no genera suficientes ingresos siempre será inviable. Ese es el cuestionamiento que deben hacerse quienes hablan de que el “modelo” sí funciona.
Hay tres posibles explicaciones: 1) el crecimiento es muy bajo y el ingreso no alcanza para pagar muchos impuestos; 2) el ingreso está mal distribuido y el sistema fiscal no va a adonde está la mayor fuente de ingresos; 3) el gasto del gobierno es excesivo y cualquier ingreso siempre se quedaría corto.
En realidad las tres causas explican la insuficiencia de ingresos. Por ejemplo, sobre la tercera causa, en 2006 el ingreso petrolero presupuestal aportó 468 mil millones de pesos más que en 2000 (más de cuatro veces la reforma fiscal aprobada) y no por eso hubo grandes obras públicas.
Para escapar de la trampa presupuestal, el gobierno debe actuar sobre las tres causas; si no, sería como tener una mesa con sólo una pata. El hecho de que la carga fiscal sea baja con respecto al PIB no significa que sea viable aumentar impuestos. Si los contribuyentes perciben que el gasto es mal administrado, siempre se resistirán a pagar.
En ese contexto, la ostentosa nueva propiedad del ex presidente Fox en su rancho de Guanajuato es la peor publicidad imaginable contra la reforma fiscal.
El sentimiento de justicia también es elemental. Si el gobierno ha insistido en reducir la tasa del Impuesto Sobre la Renta y aumentar los impuestos al consumo, es difícil reconciliar el éxito de las grandes empresas mexicanas en el mundo y de sus dueños con la recaudación del Impuesto Sobre la Renta habiendo disminuido con respecto al PIB.
Cuando esto ocurre, la insistencia oficial de gravar el consumo siempre será vista como un sesgo regresivo. Si el ingreso está mal distribuido porque un porcentaje muy bajo de la población tiene mucho ingreso y la mayoría tiene poco ingreso, gravar el consumo no va a aumentar de manera sostenible la recaudación. Primero, porque los que tienen mucho ingreso son pocos y su consumo nunca será proporcionalmente importante. Más aún, gran parte del mismo lo hacen en el exterior. En cambio, la mayoría nunca tendrá suficiente ingreso para consumir mucho. Por el contrario, buscará evadir el impuesto comprando lo que pueda en la economía subterránea.
Por eso tiene que haber un balance entre impuestos al consumo y al ingreso. Pero el impuesto al ingreso debe resultar en cargas sobre las empresas que no estorben su crecimiento. La reforma recién aprobada se dirige a gravar a las empresas, pero va a estorbar el crecimiento. Un primer problema es su tasa única.
Así como hay desigualdad de ingresos entre personas, hay desigualdad de ingresos entre empresas. Las empresas que enfrentan competencia tienen muy bajas tasas de utilidad, en tanto que los monopolios tienen muy altas utilidades. El IETU resultará alto para la mayoría de empresas que compiten y será bajo para los monopolios.
Así, este impuesto va a fortalecer la actual estructura de los mercados, es decir, el dominio de los monopolios, debilitando al resto de empresas. Como estas empresas son más numerosas y son las mayores fuentes de empleo, entonces el IETU no va a ayudar al crecimiento ni al empleo.
El problema del gasto es mucho más apremiante que lo que generalmente se acepta, debido a su inercia. En primer lugar porque no guarda ninguna proporcionalidad con los ingresos y con el crecimiento, sino que crece independientemente.
Más aún, como el gasto en gran medida existe por la decisión del gobierno, su nivel y trayectoria refleja mucho más que un problema administrativo. Refleja la simbiosis entre la política y el gasto.
Así parece comprobarse con los ejes fundamentales del gasto en salud, edu-cación y desarrollo social, en los que la multiplicación de estructuras burocráticas regionales responde más a una motivación política que administrativa.
Si la motivación política es la rectora del gasto, el modelo económico imperante que muchos creen que es de libre competencia y finanzas públicas sanas no tiene en realidad vigencia. La rectoría del gasto está divorciada de fundamentos económicos.
Esto explicaría que ante la falta de ingresos el gobierno no haya dudado en golpear a las empresas y en especial a las que deberían ser la base genuina de su apoyo, es decir, la mayoría de ellas, con raíces regionales y alto empleo.
